Cómo hacer que las denuncias por robos en los campos sean efectivas

Experto en derecho, Matías Araya, plantea algunas claves para tener éxito en las acciones legales tras sufrir robos en nuestros campos.

Como han recogido los gremios agrícolas y productivos de la fruta en estos últimos meses, los robos en los campos son una realidad que ha afectado casi a la totalidad de los fruticultores, quienes pese a hacer denuncias correspondientes en fiscalía, muy escasamente han logrado algún recupero o penas para los delincuentes.

Por el contrario, muchísimas de las causas han terminado archivadas, no han sido seguidas y los responsables han quedado impunes, por lo que los productores víctimas de robos en los campos han empezado a no creer en la justicia chilena, que “se vuelve contra las víctimas y no contra el que roba”, como dijera el director de Fedefruta a El Mercurio, Ramón Achurra. En efecto, solo hacer la denuncia no basta y eso es parte de la inequidad que hay con respecto a las víctimas en Chile, porque así como existe una defensa penal gratuita para el acusado, debería haber una asesoría adecuada y sin costo para el denunciante.

Probablemente, la cantidad de causas obliga a un fiscal enfocarse en casos que son absolutamente evidentes o de connotación pública muy grande, y dejar de lado otros que no serían archivados si existiese el apoyo de abogados que estén defendiendo los intereses de la víctima, y así puedan facilitar el trabajo de la justicia, perseguir a los responsables y conseguir la formalización de los eventuales delincuentes identificados.

Aquí yace un problema y el sistema procesal penal chileno necesita claramente, en favor de la víctima de un robo o delito en general, la actuación de abogados querellantes para que la denuncia se haga efectiva, un abogado que esté encima del fiscal, que esté persiguiendo que se realicen las gestiones, que le entregue las pruebas necesarias al fiscal y le garantice que se trata de un caso que, efectivamente, podría ir a un juicio oral.

En relación a la industria agrícola chilena en general, se han visto grandes robos especialmente en relación a productos de fácil comercialización, como las nueces, que son no perecederas y han sido de especial interés de los delincuentes, o de cerezas incluso por su valor, a pesar de sí ser perecibles. También está el abigeato no solo en la zona sur, sino en diversas regiones agrícolas del país donde los productores tienen animales, los cuales son sustraídos desde los predios y posteriormente faenados.

De la misma o incluso mayor preocupación es el robo de insumos agroquímicos, los cuales también son distribuibles y comercializables, entendiendo que al delincuente le interesa un producto que pueda vender u obtener dinero rápidamente. Lo complejo es que al ser comercializados estos insumos obtenidos mediante un robo, un productor o encargado de abastecimiento corre el riesgo de cometer el delito de receptación, por lo que solo queda insistir en que las empresas solo consideren comprar productos a los distribuidores establecidos.

Para los expertos en materia legal, el remedio pasa por las organizaciones de agricultores a nivel nacional y regional, que puedan acceder a una asesoría legal reactiva que permita conseguir el apoyo de los fiscales, perseguir a los delincuentes, dar una capacitación preventiva de procedimientos y protocolos para que los asociados a los gremios tomen los resguardos, o bien las víctimas de robos consumados puedan adoptar medidas necesarias para generar la prueba necesaria a efectos de convencer a fiscalía de la existencia del delito, y perseguir a los responsables.

Los delincuentes sin duda se han dado cuenta de que el robo en los campos tiene un enorme valor económico, uno que pierden los productores al ser víctima de estos robos, y eso es algo que no solo hay que sensibilizar en la opinión pública. También hay que darle un cauce legal para que las denuncias efectivamente lleven a los resultados esperados, y mostrar a los que roban que ya no será tan fácil perpetrar estos hechos.

Fuente: Matías Araya, socio de Araya & Cía. Abogados.

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