Las prioridades agrícolas de los candidatos

La necesidad de certeza jurídica o la mantención de la propuesta actual en el proyecto del Código de Aguas, ampliar la superficie bajo riego, apoyo económico a las familias mapuches y asociatividad de los pequeños están entre las propuestas. Muchas diferencias más de énfasis que de fondo, en lo que proponen los equipos agrícolas.

La necesidad de certeza jurídica o la mantención de la propuesta actual en el proyecto del Código de Aguas, ampliar la superficie bajo riego, apoyo económico a las familias mapuches y asociatividad de los pequeños están entre las propuestas. Muchas diferencias más de énfasis que de fondo, en lo que proponen los equipos agrícolas.

Agua, pequeños productores, agricultura orgánica, apoyo a familias mapuches y rechazo a la violencia en La Araucanía son algunas de las prioridades para el agro de los dos candidatos presidenciales. Dicen -a través de sus voceros- que han trabajado un programa agrícola, en el caso del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera; y un capítulo dentro del programa del candidato oficialista Alejandro Guillier. Lo concreto es que desde las dos veredas plantean que ven al agro como motor económico y de desarrollo social de amplio impacto para país y, por ello, lo reconocen como un sector prioritario en sus miradas políticas.

Así, José Antonio Walker, vocero del equipo agrícola de Sebastián Piñera, recalca que el candidato “ha tomado profunda conciencia de la importancia que tiene la agricultura, y ha intervenido directamente en la elaboración de la propuesta a partir de lo que observó en su recorrido por las distintas zonas agrícolas del país”.

Es a partir de eso que se formula el programa agrícola de la centro-derecha, el que está estructurado en siete temas prioritarios, a los que apuntan 30 propuestas con las que se busca darle al sector el peso que efectivamente tiene no solo a nivel económico, sino también social, explica Walker.

 “En la descripción que hicimos con el equipo agrícola, se va en la dirección de que el agro es más del 3,2% del PIB y más del 12% del PIB agregado. Somos un millón de personas, somos la herramienta más potente de regionalización. El agro representa alimento, recursos renovables y exportaciones, que en los últimos períodos, con ciclos de precios bajos del cobre, ha mantenido un crecimiento por sobre la economía del país”, dice el vocero agrícola de la centroderecha.

Desde el lado oficialista, la voz la pone Osvaldo Rosales, jefe de campaña de Alejandro Guillier, quien explica que en el programa de gobierno oficialista se plantea avanzar en innovación y diversificación productiva y exportadora, así como en disminuir las desigualdades, todo basado en una alianza público-privada de largo plazo. Por lo mismo, indica, la agricultura es un sector clave en esa estrategia, pues “reúne todos los atributos para llevarla adelante: es un sector productor de transables en una economía abierta que nos impulsa a competir y nos plantea cotidianamente el desafío de aumentar nuestra productividad para ser competitivos”. Agrega que si bien reconoce que los productores proveen identidad al país, “en el campo persiste la desigualdad… No es casualidad que los indicadores de pobreza, tanto multidimensional como por ingresos, muestren que la pobreza rural es el doble que la urbana”.

Es por lo anterior, dice Rosales, que “la candidatura de Alejandro Guillier le concede una importancia central a la agricultura dentro de la estrategia de desarrollo con mayores niveles de igualdad. El privilegio que le concedemos en nuestra propuesta a la descentralización empalma de modo virtuoso con el desarrollo de las políticas agrícolas y de modernización rural inclusiva”. Ello quedaría plasmado en el programa de gobierno, en el capítulo “Agricultura y forestal”, con una breve fundamentación y veintiún propuestas.

En Revista del Campo se analizaron los temas prioritarios para el agro actual y que también son considerados como tales por ambos candidatos.

Reforma al código de aguas

La modificación al actual Código de Aguas remece, desde hace ya un tiempo, al sector y en los últimos meses los agricultores de todo el país se han comenzado a movilizar preocupados principalmente por los cambios que apuntan a la propiedad y forma en que se otorgarán o caducarán los derechos de agua. Si bien en este tema se podría haber esperado una mayor divergencia, ambas propuestas reconocen como fundamentales priorizar el consumo humano y la sustentabilidad del recurso, y plantean que debe ser una discusión no ideológica que permita alcanzar acuerdos.

“La discusión hay que situarla en lo técnico, y no en lo ideológico ni lo político. Reconocemos que en el actual proyecto hay aspectos positivos: coincidimos con el no a la especulación y que la prioridad es el consumo humano. Pero no podemos poner un remedio peor que la enfermedad. Por ello es fundamental que haya certeza jurídica. Hoy se es propietario de un derecho y con la modificación se pasa a titular, cuando se asignen nuevos. Hoy se puede gozar, usar y disponer de ese derecho, pero luego no se podrá disponer. No podemos aceptar que la DGA sea juez y parte en un tema tan delicado. Las juntas y asociaciones de canalistas y regantes, que en general han sido muy eficientes en su labor, no pueden perder poder y dejar de tener facultades para administrar el agua. Tampoco podemos aceptar el criterio para calcular el caudal ecológico”, enfatiza Walker.

Por ello proponen que se legisle “para que todos en forma justa podamos ocupar y administrar esa agua. Hay que considerar que el proyecto no está agregando nuevos litros a la actual disponibilidad. No se hace cargo de que el 85% se va al mar…. Por eso tiene que ser una legislación basada en el conocimiento técnico. Aquí tenemos que usar la experiencia propia y no quedarnos solo con la internacional; tenemos una realidad que no existe en otros países. Tenemos técnicos espectaculares y transversales… Se requiere de una discusión con altura de miras. Que se legisle de acuerdo a lo que ocurre en cada comuna, por ejemplo”.

Osvaldo Rosales explica que mantendrán lo fundamental del proyecto presentado, “ampliaremos la conversación que se ha desarrollado al respecto e impulsaremos su aprobación en la próxima administración”. Reconoce que las modificaciones propuestas han alcanzado acuerdos en cuanto a la definición de usos y prioridades, así como en reafirmar que el agua es un bien nacional de uso público y que el consumo humano es prioritario.

“En general, en el mundo, los derechos de uso se entienden como una concesión o licencia de uso temporal, salvo escasísimas excepciones, pero en todos los casos se incluyen causales de extinción asociadas al cumplimiento de obligaciones relativas a su preservación y uso acorde con el fin para el cual se entregó dicha concesión. También la legislación comparada muestra que se establece el derecho de intervención estatal en caso de enfrentar emergencias como sequías prolongadas y que el recurso tiene un costo que debe cubrirse por los usuarios y quienes disponen de derechos de uso. Como se ve, sobre cuestiones concretas, no ideológicas, será posible alcanzar acuerdos”, indica.

Escasez hídrica, más riego y tecnificación

Más allá de la modificación al actual Código de Aguas, la disponibilidad hídrica es un tema estructural para la producción agroalimentaria: sin ella no hay producción. Se entiende entonces que ambos candidatos tengan al recurso hídrico como una de sus prioridades, donde el foco en ambos casos se pone en invertir en obras de embalse y tecnificación, así como en aumentar la superficie bajo riego.

Desde la vereda oficialista plantean que es “absolutamente prioritario invertir y regular el uso del recurso, pues se requiere garantizar la sustentabilidad de los acuíferos para las aguas subterráneas que deben sumarse a los caudales ecológicos. Sobre esto, invertir en obras de acumulación y distribución de las aguas para garantizar su aporte a toda la producción sectorial, atendiendo las diferencias regionales”. Indican que pretenden consolidar y ampliar lo que existe en cuanto a grandes y pequeños embalses, así como la construcción de pequeñas obras de regulación y la ejecución de obras de rehabilitación de embalses y que buscan incrementar el almacenamiento total en 1.930 Hm3 (36% de aumento de capacidad) y mejorar la superficie de riego en aproximadamente 275.000 ha (con 85% seguridad), beneficiando aprox. 30.000 predios. “Asimismo, se estimulará la inversión privada en obras de riego intraprediales que por medio de la tecnificación mejoren la eficiencia en su uso, de tal manera que sea la inteligencia aplicada en su uso la mejor respuesta a los desafíos de la escasez de agua”, responde Rosales.

Desde la centroderecha, en tanto, la propuesta es duplicar la superficie bajo riego y la tecnificada. Para ello plantean potenciar la ley de riego, pero enfocada a proyectos con mayor conciencia, donde la ley sea más ágil, junto con que se abra la posibilidad de que los privados puedan postular para que se amplíe efectivamente la superficie regada, lo que permitirá una mayor disponibilidad hídrica.

“Tenemos más de un millón de hectáreas bajo riego. El 28% de esa superficie, es decir, unas 300 mil ha, tiene riego tecnificado, con 85% a 95% de eficiencia del agua. Ocupemos la ley 18.450, aumentemos el presupuesto de esa ley y al tecnificar, se está dejando agua disponible para otro que a lo mejor no puede invertir en tecnología”, dice Walker

En cuanto a la construcción de embalses, postula que es necesario “apoyar lo que se ha empezado en este gobierno, para terminarlo. No hay prejuicios. Aquí la mirada es el beneficio del sector”. También considera clave que se trabaje con mayor fuerza la infiltración de acuíferos, para usarlos como reservorio de agua.

Además, plantea que se estudiará en profundidad y sin prejuicio los proyectos privados que haya, “por ejemplo, la carretera hídrica; o el de la gran tubería que iría por el mar. Lo que se buscará es un constante diálogo con los gremios para ver qué proyectos existen en el mundo privado que podamos apoyar”, dice.

Pequeños productores: asociatividad para mejorar ingresos

En ambos programas se plantea que una de las fórmulas para mejorar las condiciones productivas de los pequeños agricultores es a través de la unión, aunque las diferencias radican en cómo se concretará. Así, mientras desde la centroderecha se plantea que están analizando varias opciones para generar esa unión que potencie producción, comercialización y les permita a los pequeños exportar, desde el oficialismo proponen aumentar el fomento productivo de los pequeños, para aumentar sus ingresos vía el trabajo y no los subsidios.

“No pueden competir solos. Por eso, hay que romper el individualismo y asociarse. Estamos buscando un mecanismo para que el chico se pueda asociar. Todavía no lo tenemos claro, pero no podemos descartar el cooperativismo moderno que funciona en Estados Unidos y en Europa. Hay experiencias como Fonterra, el Rabobank, Melinda. Aquí la idea es asociarse, por ejemplo, para comercializar, procesar y exportar”, plantea el vocero agrícola de Piñera.

Otra posibilidad, dice Walker, es a través de lo que llama grupos de transferencia tecnológica (GTT) plus. “Que se puedan juntar 15 o 20 productores, que además de la transferencia que se hagan entre ellos, haya un coordinador que apoye el aprendizaje no por ejemplo del conocimiento del vecino que tiene una misma realidad productiva, pero que además puedan comprar y comercializar en conjunto”.

En tanto, Osvaldo Rosales recalca que lo que se buscará mantener y profundizar es el fomento productivo de los pequeños productores, para que sus ingresos provengan del trabajo y no de subsidios. “Regularizaremos los títulos de propiedad, de tal manera que el hecho de disponer de títulos de propiedad viabilicen las inversiones en sus predios. Fomentaremos el cooperativismo, para hacer un uso productivo y sostenible de los recursos sobre la base de proyectos en que prime la cooperación y se adquieran escalas de producción y comercio que mejoren las capacidades negociadoras de sus integrantes”. Agrega que, además, vincularán la producción campesina con la producción saludable y de calidad junto con promover compras públicas que garanticen precios competitivos para los productores.

En ambos casos, el Indap es visto como fundamental.

Walker plantea que Indap es clave, pero potenciado, es decir, que se enfoque en abrir nuevas alternativas a los pequeños, que permitan que haya una ampliación de su base y de su capacidad de apoyo.

Rosales, en tanto, postula que se debe actualizar su ley orgánica, “redefiniendo a sus usuarios, para dar cabida a los nuevos y diversos tipos de productores, especialmente mujeres, en tamaño y organización y de este modo ampliar su cobertura para canalizar instrumentos de fomento a los productores agrícolas; al tiempo que deberá mejorar sus propias condiciones institucionales para adecuarse a estas nuevas exigencias”. Respecto de medianos productores, que deberán definirse según características regionales, la propuesta es perfeccionar todos los instrumentos que se están aplicando y que requieren coordinación con Corfo, Sercotec y otras entidades públicas y privadas que pueden hacerse parte de este desafío.

La Araucanía, apoyo a los productores indígenas

La situación de violencia en La Araucanía es rechazada por ambos equipos agrícolas. Así, mientras Walker recalca la necesidad de hacer que se cumpla el estado de derecho en la zona, al mismo tiempo considera importante separar los movimientos violentistas de los mapuches.

“Creemos que el pueblo mapuche está pagando los platos rotos del terrorismo. Por eso hay que implementar el plan de paz y de desarrollo en La Araucanía, que tiene que ver con asegurar la paz social, para que se pueda trabajar”, dice.

Rosales, en tanto, enfatiza que “rechazamos toda la violencia y todos los actos delictuales. El diálogo nunca sobra y la democracia brinda espacios de participación que debemos atender. Ese diálogo debe ser conducido con reconocimiento de los actores reales y apreciando su peso específico. Es cierto lo del potencial productivo de la región y debemos hacer los esfuerzos porque toda la población se haga parte de una estrategia de desarrollo que integre a todos los grupos sociales y sea sustentable en relación con los recursos naturales, que caracterizan por su riqueza y belleza a esta región”.

A partir de ahí, ambos equipos agrícolas plantean la necesidad de invertir y fortalecer la pequeña agricultura mapuche para que pueda producir y emprender de forma competitiva.

En este sentido, el equipo de Guillier propone el fortalecimiento del trabajo de fomento productivo realizado durante este Gobierno, a través del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), “para mejorar la producción básica que las familias destinan a su propio consumo y para generar alguna producción para la venta; desarrollar pequeños emprendimientos, principalmente con jóvenes, que permiten complementar el ingreso de las familias y generar una forma de hacer fomento en que se abran espacios reales para que las familias, organizaciones y comunidades puedan tomar decisiones respecto a sus estrategias”. A ello agregan crear un fondo específico para pequeños emprendimientos indígenas y también facilitar el acceso a financiamiento para proyectos productivos indígenas de mayor alcance, fortaleciendo el Programa de Desarrollo y Fomento Indígena liderado por Corfo.

Por su parte, el vocero agrícola de Piñera plantea que es clave reconocer a los pueblos indígenas e integrarlos al mundo productivo y de la agricultura moderna. “La idea aquí no es con palabras… sino haciendo giras tecnológicas en nuestro propio país. Queremos mostrarles las alternativas desde el punto de vista económico. Que mantengan su cultura y conozcan también alternativas que les permitan incorporar nuevas tecnologías y conocimientos. Por ejemplo, realizar giras tecnológicas a las regiones vecinas, una granja experimental en la IX Región. La idea es que puedan producir y que se hagan parte de la exportación”. Para ello se concretaría una batería de instrumentos financieros que apoyen estos emprendimientos, por ejemplo, promover el desarrollo de La Araucanía con riego tecnificado.

Agricultura orgánica como norte

Ninguno de los dos equipos se cierra a las nuevas herramientas tecnológicas, como la biotecnología, pero, insisten en que hay que hacerlo con cautela.

“El tema transgénico es una discusión país. No tiene que ver con nuestro programa. Discutamos esto con los mejores técnicos del país, pero es un tema politizado. Se requiere una definición país y como equipo agrícola no nos podemos meter. Pero hay que considerar que en Chile tenemos excelentes técnicos y especialistas. Entonces aprovechémoslos”, dice José Antonio Walker.

Sobre el mismo tema, Osvaldo Rosales enfatiza que “requerimos de más y mejor genética vegetal para enfrentar los desafíos del cambio climático y de la competitividad. Necesitamos recuperar variedades tradicionales resilientes, desarrollar variedades de frutales y cultivos que se adapten mejor a nuestra agricultura y genética avanzada que nos posicione como actores tecnológicos en el mundo. También, para no quedarnos atrás en este rubro en que somos líderes, es prioritario favorecer la llegada de las variedades que están en primera línea en la fruticultura y de la agricultura mundial. Entonces, es fundamental contar con una normativa moderna, que dé seguridad a los actores para no bloquear estas vías de desarrollo. Es una dialéctica interesante la que se abre entre desarrollo tecnológico y defensa de variedades nativas. Estamos por profundizar el debate y no adoptar posiciones que nos rigidicen en nuestro desarrollo, que por sobre todo está comprometido con la calidad de vida de las personas”.

También coinciden en la necesidad de apostar por la producción ecológica u orgánica, enfocada en nichos que buscan la alimentación saludable.

“Se pondrá mucho énfasis en la agricultura orgánica. Por ello se pondrá un pie en el Congreso para explicarles a los parlamentarios en este tema, es necesario ir a esta producción y resguardar el entorno. El objetivo es hacer una agricultura integrada”, plantea Walker.

Por su parte, Rosales sostiene que “Chile está comprometido con la producción saludable y buenas prácticas silvoagropecuarias. Dentro de esa línea hemos apoyado y promocionamos la agricultura orgánica y hemos dado pasos significativos para su reconocimiento internacional…”.

Soluciones específicas para el mundo rural

La problemática del mundo rural es distinta a la de las ciudades y en todos los temas. Ambos candidatos tienen el tema en sus programas, aunque con soluciones distintas.

La propuesta de Chile Vamos es la creación de un Comité interministerial, presidido por el Ministerio de Agricultura, que permita tocar los distintos temas, pero desde las necesidades del agro.

“Una escuela rural puede tener internet como la de una ciudad o enseñar inglés, pero al mismo tiempo, incluir ramos que vayan más dirigidos al mundo agrícola. Parte de eso depende del Ministerio de Educación; lo mismo ocurre con salud, con infraestructura, con vivienda. Son decisiones que se toman en esos ministerios, pero lo que queremos es que tengan la mirada y las necesidades del mundo agrícola. Aquí hay un tema en que no todo es plata, sino que un tema de voluntad política. El mundo rural es tan importante como el urbano, y tenemos que interactuar con los otros ministerios para darle esa importancia, que tenga las mimas oportunidades, la misma calidad de vida del mundo urbano”, enfatiza Walker.

La del candidato oficialista, dice Rosales, es que no quieren tratar a la población por su condición de grupos de pobres que necesitan subsidios para sobrevivir, sino que la propuesta es integrar “a la población, cualquiera sea su característica, a las formas que va asumiendo el desarrollo”. Para eso, “el Estado, más que dar subsidios, debe dotar de conectividad a las poblaciones, entregar educación y salud a la población como un derecho. Entregar pensiones dignas a partir de una redistribución de los recursos públicos orientados con este fin. Comprometernos a que nadie merece menos que la dignidad de ser tratado como igual. Que las comunidades rurales no sientan que el desarrollo les pasa por el lado, que no los ha incluido. Que sean parte de ese desarrollo a la escala que corresponda y con un plan de largo plazo que lo haga posible, pero que nunca más su identidad sea la de ser pobres”.

Fuente: Revista del Campo

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