Reforma Código de Aguas en el Senado e indicaciones del Ejecutivo: Precisiones en aspectos controversiales, pero se mantiene caducidad con poder absoluto de la DGA

Sebastián Leiva, socio de Araya & Cía. y experto en recursos naturales, señala sobre las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de Reforma al Código de Aguas, discutido en el Senado: “Las normas controversiales no se han eliminado, solo han sido precisadas de mejor manera. Y es más, se ha entregado un poder omnímodo a la DGA para caducar derechos de aprovechamiento de aguas, tantos los nuevos como los antiguos”.

En estas semanas, tanto el Ejecutivo como los propios congresistas han planteado indicaciones al proyecto de Reforma al Código de Aguas en el Senado, aprobado hace un tiempo en la Cámara de Diputados. Y claro, entre las más relevantes y que llaman mayormente la atención se encuentran, necesariamente, las del gobierno, que en términos prácticos vienen a solicitar cambios al proyecto que, a nuestro juicio, tienden a precisar de mejor manera los efectos las modificaciones ya planteadas, más que a eliminar normas controversiales para la actividad agrícola.

En lo concreto, las nuevas indicaciones no traen consigo una eliminación de puntos controversiales, ni tampoco tienen por objeto final responder a las grandes interrogantes que la actividad agropecuaria ha dado a conocer en esta discusión que sin duda los impacta. Lo que sí hacen es buscar que se aclaren los cambios de mejor forma, en cuanto a los efectos y consecuencias que las modificaciones al Código de Aguas tendrán para el país.


Se precisa por ejemplo el artículo 1º transitorio, estableciendo que los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos con anterioridad a esta reforma, se seguirán encontrando vigentes bajo un carácter de “indefinido”. Cierto, el derecho ya no pasa a ser de plazo, como era la idea original del proyecto, y eso queda muy claro. No obstante, si se va más allá con el análisis, el proyecto estipula que a esos derechos previamente otorgados les van a seguir aplicando la normativa legal que se apruebe con las modificaciones, y eso significa que el derecho de aprovechamiento de agua, sin importar que sea indefinido o a 30 años plazo, se le continuará aplicando la polémica caducidad por no uso.

A nuestro juicio, de aprobarse la idea de caducar un derecho de aprovechamiento de aguas por no uso, esto se debería hacer conforme a las garantías constitucionales, que aseguran el debido proceso. En otras palabras, que la entidad encargada de la investigación y resolución de la caducidad, sea una distinta a la que solicite la misma. Entonces, este poder omnímodo que se quiere dar a la DGA para caducar derechos, siendo juez y parte, sigue estando presente y sin ninguna limitación. Así, la discrecionalidad como temor de una aplicación arbitraria e ilegal por parte de la autoridad, sigue estando presente en la reforma, un problema gravísimo que no ha sido visualizado ni por el Ejecutivo ni los parlamentarios.

Primero que todo, si se aprobase la caducidad no uso, ésta debería ser aplicada con garantías constitucionales y legales de una autoridad que investigue y resuelva, pero que en definitiva la decisión venga de otra, como los tribunales de justicia. Esa es la complicación de fondo de esta ley, que entrega un poder absoluto a la Dirección General de Aguas para caducar derechos, independiente de si son por 30 años o indefinidos. Eso es algo que nadie ha considerado hasta el momento y que uno, como abogado de tramitación diaria con la DGA, estima que son poderes demasiados amplios como para entregarlos a una sola entidad pública.

Qué decir de otras indicaciones, como por ejemplo las relacionadas al caudal ecológico, puesto que sigue estando el temor o la posibilidad de podérselo aplicar a derechos de aprovechamiento de agua ya constituidos, lo que estimo que sigue siendo expropiatorio.

Como colorario de lo anterior, es preocupante que no se establezca como una de las causales de suspensión de los plazos de caducidad, la circunstancia que existan tramitaciones ante la DGA que pueden tardar años. Por ejemplo, si alguien adquiere un derecho de aprovechamiento de agua -subterránea- con el objeto de trasladarlo al predio donde él desee captarlo, deberá iniciar una solicitud ante el mencionado organismo, la cual debería ser causal de suspensión de los plazos de caducidad, ya que la resolución de esto depende de la DGA. Por lo tanto, teniendo el propietario del derecho de agua toda la voluntad de utilizar su recurso hídrico, le podrán aplicar la caducidad por no uso, incluso si la DGA demorase más de cuatro o cinco año en la tramitación de ese permiso, al no establecerse esto como causal de suspensión.

Por eso, se trata de una reforma que no tiene los pies en la realidad práctica del desarrollo actual del recurso hídrico en Chile, porque una solicitud no se resuelve bajo ningún caso en 20 días, sino en años. Bajo esa perspectiva, es una reforma de escritorio, de teoría, con una falta de conexión con la realidad de las aguas enorme.

En definitiva, las normas controversiales de las modificaciones al Código de Aguas no se han eliminado, solo han sido precisadas de mejor manera. Y es más, se ha entregado un poder omnímodo a la DGA para caducar derechos de aprovechamiento de aguas, tantos los nuevos como los antiguos, dejando fuera a los tribunales de justicia de este proceso, y por ende toda garantía.

Fuente: Araya & Cía.

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